Varios estados, asociaciones de camiones y grupos agrícolas se están uniendo en contra de un nuevo mandato federal para camiones eléctricos. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha establecido un requisito para vehículos eléctricos, con el objetivo de que los modelos eléctricos representen el 60% de los nuevos camiones de reparto y el 25% de los camiones de larga distancia para el año 2032.

El American Petroleum Institute (API) ha presentado un desafío legal contra los nuevos estándares de la EPA en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. El API cree que esta acción gubernamental limitará la elección del consumidor en el mercado de vehículos. La organización sostiene que la implementación de camiones eléctricos podría causar interrupciones significativas dentro de la industria del transporte por camión, potencialmente afectando el transporte de mercancías a nivel nacional. Además, este cambio podría sobrecargar la red eléctrica y llevar a un aumento de costos para los consumidores.

Las organizaciones agrícolas han expresado preocupaciones significativas sobre el mandato de vehículos eléctricos. La Asociación de Productores de Maíz de Illinois ha levantado alarmas sobre posibles disminuciones en la demanda de etanol, un mercado crítico para los productores de maíz. Esta situación también podría limitar las opciones de los consumidores, impactando al sector agrícola.

Las compañías de camiones están preocupadas por las implicaciones financieras del cumplimiento. Mike Kucharski, copropietario de una empresa de transporte en Chicago, señaló que la mayoría de las empresas de transporte son pequeñas empresas que operan con menos de diez vehículos. El mandato podría amenazar la viabilidad de estas pequeñas compañías, lo que llevaría a una presión financiera generalizada en la industria. Se estima que la electrificación completa de la flota de camiones requerirá aproximadamente $1 billón en mejoras de infraestructura.