Las bicicletas de carga eléctricas, que pueden pesar hasta 650 kg, harán su debut en Londres el próximo año, generando preocupaciones sobre la seguridad pública. A pesar de su apariencia similar a pequeños camiones articulados, estos vehículos se clasifican como bicicletas debido a sus motores de 250 vatios. Sin embargo, los críticos argumentan que los potentes motores eléctricos podrían causar lesiones más graves en caso de accidentes en comparación con las bicicletas de pedal tradicionales.
Cityshuttle, la empresa detrás de estas bicicletas de carga eléctricas, ya ha recibido pedidos de 1,500 vehículos, destacando la creciente demanda de soluciones de transporte sostenible. Transport for London tiene como objetivo que el 17% de los repartos de mercancías en la capital se realicen en bicicleta para 2030.
Si bien algunos creen que estos vehículos cumplen con las regulaciones, persisten preocupaciones sobre los posibles riesgos asociados con su uso. Steve Cole, director de política de la Royal Society for the Prevention of Accidents, enfatiza la necesidad de un marco regulatorio adecuado para abordar estas preocupaciones y garantizar la seguridad pública. Advierte que una operación inadecuada de estas bicicletas y la falta de pautas claras por parte del gobierno podrían aumentar la gravedad de las lesiones en accidentes que involucren a estos vehículos.
El sitio web del gobierno establece que las bicicletas de pedal asistidas eléctricamente (EAPCs, por sus siglas en inglés) deben tener motores que se apaguen a 15.5 mph. Sin embargo, no está claro si estas nuevas bicicletas de carga eléctricas cumplen con la definición exacta de una EAPC. La decisión sobre cómo se clasifican estos vehículos recae en última instancia en la policía y los tribunales.
A medida que aumenta la popularidad de las bicicletas eléctricas, se demanda legislación que se adapte al ritmo de estas nuevas tecnologías. Los críticos argumentan que el gobierno debe trabajar rápidamente para establecer un marco legislativo integral que priorice la seguridad pública, asegurando que las comunidades puedan beneficiarse del potencial de la tecnología emergente al minimizar los riesgos asociados.