Un exempleado acusa al fundador de una organización sin fines de lucro de malversar fondos públicos y falsificar datos. Rodrigo Rodríguez presentó reclamos legales contra la organización sin fines de lucro Pedal Ahead, su fundador Edward Clancy y las agencias que financiaron el proyecto. Según los reclamos, Rodríguez presenció malgastos, fraude y abuso en relación con los contratos que Pedal Ahead realizó con la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).
Las acusaciones alegan que Clancy le indicó a Rodríguez que exagerara el número de inscripciones, la cantidad de bicicletas puestas en servicio y la cantidad de kilómetros recorridos por los participantes en el programa. Esta información engañosa fue proporcionada tanto a SANDAG como a CARB. Rodríguez también afirma que Clancy volvió a asignar bicicletas a participantes que no cumplieron con los objetivos del programa, lo cual daba la impresión de que había más personas inscritas en el programa de las que realmente existían.
Además, los reclamos indican que Pedal Ahead no proporcionó los recursos necesarios, como equipos de geolocalización, lo cual perjudicó una investigación de agresión. Cuando un participante fue víctima de agresión sexual, la información de GPS de la bicicleta involucrada no estaba disponible porque no se había adquirido la suscripción de GPS. Según los reclamos, hasta el 80 por ciento de las suscripciones de GPS no se obtuvieron.
Rodríguez también alega que Clancy utilizó dinero público para dirigir negocios a su propia empresa con fines de lucro, Pedal Ahead Plus. Afirma que repetidamente fue enviado para hacer presentaciones de ventas para la empresa con fines de lucro de Clancy, y que el ex Supervisor del Condado de San Diego, Nathan Fletcher, también fue contratado para generar contratos para el proyecto.
Clancy, SANDAG y CARB aún no han respondido a las acusaciones. Los reclamos buscan compensación por salarios atrasados, así como honorarios de abogados.
Estas acusaciones plantean serias preocupaciones sobre el mal uso de los fondos públicos y la manipulación de datos con fines personales. Es imperativo que se investiguen a fondo estos reclamos para garantizar la responsabilidad y transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes.
Las acusaciones contra Pedal Ahead y su fundador Edward Clancy resaltan problemas graves en la gestión de la organización sin fines de lucro y en el uso de fondos públicos. La organización, que recibió financiamiento público para promover bicicletas eléctricas, ha sido acusada de malversar fondos y falsificar datos.
Una de las principales reclamaciones hechas por el exgerente, Rodrigo Rodríguez, es la exageración de los números de inscripción, bicicletas puestas en servicio y kilómetros recorridos por los participantes en el programa. Según los informes, esta información engañosa se proporcionó a la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB). Tales exageraciones pueden plantear preocupaciones sobre la efectividad y el impacto del programa, así como sobre la credibilidad de la organización.
Además, Rodríguez alega que Clancy reasignó bicicletas a participantes que no cumplieron con los objetivos del programa, inflando artificialmente el número de personas inscritas en el programa. Esto plantea interrogantes sobre la precisión y la integridad de los datos reportados por Pedal Ahead.
Los reclamos también revelan una falta por parte de Pedal Ahead de proporcionar los recursos necesarios para el programa. En un caso particularmente preocupante, la falta de equipos de geolocalización dificultó una investigación de agresión, ya que la información de GPS de una bicicleta involucrada no estaba disponible. Esto apunta a una posible negligencia por parte de la organización en garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes.
Otra grave acusación es el uso de dinero público para dirigir negocios a la propia empresa con fines de lucro de Clancy, Pedal Ahead Plus. Rodríguez afirma que lo enviaron repetidamente a hacer presentaciones de ventas para la empresa de Clancy, y que se contrató al ex Supervisor del Condado de San Diego, Nathan Fletcher, para generar contratos para el proyecto. Este tipo de auto-negocios y conflictos de intereses plantean preocupaciones sobre el mal uso de los fondos públicos y el potencial beneficio personal.
La respuesta pública a estas acusaciones es crucial. Es imperativo que SANDAG, CARB y otras agencias relevantes investiguen a fondo los reclamos para garantizar la responsabilidad y transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes. Además, se deben tomar medidas para prevenir casos similares de malversación de fondos y manipulación de datos en el futuro.
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