Prof. Samantha Clarke
En un esfuerzo conjunto para desafiar nuevas regulaciones federales, el Fiscal General de Nebraska, Mike Hilgers, está liderando una coalición de 24 estados contra la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). La acción legal, conocida como Nebraska v. EPA, tiene como objetivo una norma introducida por la administración Biden-Harris que busca transformar los estándares de emisiones para camiones pesados.
La regulación impugnada, publicada en abril por la EPA, establece estándares rigurosos de emisiones de escape, presionando efectivamente a los fabricantes para que cambien de motores de combustión interna a vehículos eléctricos. Según Hilgers, este mandato excede la jurisdicción de la agencia, ya que el Congreso no ha otorgado autorización explícita a la EPA para un cambio tan significativo.
La coalición argumenta que la nueva norma tiene como objetivo aumentar el número de camiones pesados eléctricos de un mero 0.10% de las ventas en la actualidad a un significativo 45% dentro de una década. Hilgers expresó su preocupación de que este movimiento podría aumentar los precios para los consumidores y poner una presión indebida sobre varios sectores fundamentales para la economía de Nebraska, como la logística y la agricultura. Enfatizó que una decisión tan impactante debería residir en el Congreso, en lugar de ser determinada por burócratas federales.
En su escrito, los estados afirman que exigir vehículos pesados eléctricos representa un cambio de política drástico, previamente desconocido a nivel federal. Argumentan que esta decisión elude debates esenciales que deberían incluir la participación del Congreso.
Apoyando a Nebraska en este esfuerzo legal están los fiscales generales de estados como Alabama, Utah y Virginia, entre otros, demostrando una amplia oposición al mandato de camiones eléctricos de la EPA.
